Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz identifica deficiencias en el diseño y la ejecución como causas del fracaso de la principal estrategia de seguridad del gobierno.
La 'paz total', presentada como la apuesta más ambiciosa del gobierno del presidente Gustavo Petro para resolver el conflicto armado colombiano, enfrentó obstáculos estructurales que terminaron por minar su efectividad. Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las deficiencias en el diseño institucional y jurídico, combinadas con decisiones estratégicas cuestionables en las negociaciones, no solo impidieron alcanzar los objetivos propuestos, sino que paradójicamente contribuyeron al fortalecimiento de varios grupos armados que operan en el país.
La iniciativa, lanzada como eje central de la política de seguridad de la administración Petro, buscaba establecer diálogos simultáneos con múltiples actores armados: guerrillas históricas como el ELN y disidencias de las FARC, así como grupos de narcotráfico y estructuras criminales. Sin embargo, la falta de claridad institucional respecto a cómo se ejecutarían estos procesos, y la ausencia de un marco jurídico sólido que permitiera dar garantías creíbles a los actores, generaron desde el inicio un escenario de incertidumbre que afectó la viabilidad de las conversaciones.
Debilidades en la arquitectura institucional
El análisis de la FIP subraya que uno de los principales problemas radicó en la falta de una estructura institucional clara y coherente para adelantar simultáneamente múltiples procesos de negociación. A diferencia de experiencias previas en Colombia, donde procesos como el de La Habana con las FARC contaron con institucionalidad definida desde el inicio, la 'paz total' careció de mecanismos precisos de coordinación entre las entidades responsables de las conversaciones.
La multiplicidad de actores involucrados —desde el Ministerio del Interior, hasta la Presidencia, pasando por delegados especiales— generó duplicidades, conflictos de competencia y mensajes inconsistentes hacia los grupos armados. Esta fragmentación institucional debilitó la capacidad del Estado para presentar una posición unificada en las mesas de negociación, lo que a su vez permitió que los actores armados explotaran estas grietas para obtener concesiones mayores o para abandonar los procesos cuando les resultaba conveniente.
Además, la falta de claridad sobre qué instancias tenían autoridad para tomar decisiones críticas en las negociaciones generó retrasos en los procesos y permitió que se acumularan frustraciones tanto del lado gubernamental como del de los grupos armados. Esta debilidad institucional no fue un problema menor, sino que se convirtió en uno de los factores más corrosivos para la credibilidad de la iniciativa.
Vacíos en el marco jurídico y sus consecuencias
Paralelo a las deficiencias institucionales, la FIP identifica problemas sustanciales en el diseño jurídico de la 'paz total'. El gobierno no logró establecer con claridad los mecanismos legales mediante los cuales se otorgarían garantías a los actores armados que se acogieran a la iniciativa. La incertidumbre sobre qué tipo de beneficios, amnistías o indultos podrían esperar los combatientes generó desconfianza persistente.
Grupos armados históricos, particularmente el ELN, expresaron en repetidas ocasiones su preocupación sobre si realmente el gobierno podría garantizar protección legal a sus integrantes. Sin un marco jurídico sólido que ofreciera certidumbre, estos actores optaron por mantener una postura de cautela o por abandonar las mesas de negociación, considerando que los riesgos de participar superaban los beneficios potenciales.
La ausencia de claridad legal también permitió que grupos criminales y disidencias de las FARC cuestionaran la legitimidad de las conversaciones. Algunos argumentaron que el Estado no tenía autoridad legal para ofrecerles lo que prometía, mientras que otros utilizaron esta confusión como pretexto para romper los acuerdos o para mantener una participación meramente nominal en los diálogos sin comprometerse realmente con un proceso de paz.
Decisiones estratégicas que fortalecieron a los grupos armados
Más allá de los problemas estructurales, el análisis de la FIP señala que ciertas decisiones tomadas durante las negociaciones tuvieron consecuencias contraproducentes. Entre ellas figuran concesiones hechas a grupos armados sin obtener contrapartidas significativas, así como la implementación de acuerdos parciales que no fueron respaldados por verificación efectiva o mecanismos de cumplimiento.
Un ejemplo crítico fue la forma en que se manejaron los procesos de sometimiento de estructuras criminales. En varios casos, el gobierno aceptó la desmovilización de grupos sin garantizar que estos realmente abandonaran actividades ilícitas o sin contar con mecanismos de monitoreo independiente. Esto permitió que algunas organizaciones utilizaran los diálogos como oportunidad para reestructurarse, adquirir legitimidad temporal y, en algunos casos, fortalecer su posición en territorios específicos.
La FIP también destaca que la falta de consecuencias claras para el incumplimiento de acuerdos erosionó la credibilidad del proceso. Cuando grupos armados violaban compromisos sin enfrentar sanciones efectivas, la iniciativa perdía poder vinculante y se convertía en un ejercicio principalmente simbólico que no generaba cambios reales en el terreno.
Adicionalmente, la estrategia de negociar simultáneamente con múltiples actores sin establecer una jerarquía clara de prioridades generó dinámicas perversas. Algunos grupos utilizaban el avance o retroceso de otros procesos como palanca para exigir concesiones adicionales, sabiendo que el gobierno tenía incentivos políticos para mantener en pie el mayor número posible de diálogos, aunque estos no avanzaran sustancialmente.
Impacto territorial y consolidación de poder criminal
Las consecuencias prácticas de estos fallos se reflejaron en el terreno. Mientras el gobierno negociaba en Bogotá, varios grupos armados utilizaron el tiempo para consolidar su control territorial, expandir sus operaciones de narcotráfico y fortalecer sus estructuras de mando. En regiones como el Cauca, el Nariño y partes de la costa Atlántica, se observó un aumento en las actividades criminales durante el período en que supuestamente se adelantaban procesos de paz.
Disidencias de las FARC, en particular, lograron expandir su presencia y su capacidad operativa. Grupos como la Segunda Marquetalia utilizaron la ambigüedad del proceso para posicionarse como actores legítimos en negociaciones, mientras mantenían sus operaciones delictivas. El resultado fue que el conflicto armado en varias zonas del país se intensificó, no se redujo, durante la implementación de la 'paz total'.
El ELN, por su parte, mantuvo una participación intermitente en los diálogos, frecuentemente abandonando las mesas para retomar acciones armadas. Esta dinámica de avances y retrocesos no solo frustró objetivos de paz, sino que alimentó un clima de incertidumbre que afectó a la población civil, particularmente en zonas de influencia de este grupo.
La Fundación Ideas para la Paz señala que esta consolidación de poder criminal durante un período supuestamente dedicado a la paz generó un paradoja preocupante: mientras el gobierno invertía recursos políticos y diplomáticos en negociaciones, la capacidad ofensiva de varios grupos armados aumentó, complicando futuros esfuerzos de seguridad y control territorial.
Lecciones y prospectiva
El balance negativo de la 'paz total', según el análisis de la FIP, no es simplemente un fracaso anecdótico, sino una lección estructural sobre los requisitos mínimos para que procesos de paz sean viables en contextos donde actores armados tienen capacidad de decisión autónoma. La falta de institucionalidad clara, la debilidad del marco jurídico y las decisiones tácticas cuestionables convergieron para crear un escenario donde ninguno de los objetivos centrales de la iniciativa fue alcanzado.
De cara al futuro, el análisis sugiere que cualquier nuevo intento de resolver el conflicto armado colombiano deberá partir de bases institucionales y legales mucho más sólidas. Esto incluye definiciones claras de autoridades, mecanismos de verificación independiente, consecuencias reales para el incumplimiento de acuerdos, y una jerarquía de prioridades que permita al Estado negociar desde una posición de fortaleza, no de necesidad.
El legado de la 'paz total' permanecerá como referencia de lo que no debe repetirse: un proceso ambicioso en su alcance pero frágil en su construcción, que terminó beneficiando a los actores que pretendía contener. Para Colombia, esto representa no solo un revés diplomático, sino un recordatorio de que sin institucionalidad robusta y marcos legales claros, los procesos de paz pueden convertirse en instrumentos que fortalecen a quienes buscan transformar, en lugar de transformarlos realmente.
