Un exjefe paramilitar de las AUC declaró ante la justicia transicional que Salvatore Mancuso instruyó respaldar al ganadero para la dirección del gremio en 2004.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), quedó vinculado a una presunta operación de respaldo paramilitar en 2004 tras la confesión que realizó ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Saúl Severini, exjefe del frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el relato del paramilitarizado, Salvatore Mancuso, máximo comandante de esa organización criminal, dispuso que los ganaderos votaran por Lafaurie para ocupar la presidencia de Fedegán ese año.
La declaración ante la JEP constituye un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la infiltración paramilitar en sectores económicos y gremiales del país. Severini, quien comandaba el frente Pivijay en la región Caribe, afirmó que la orden provenía directamente de Mancuso y que Hernando Asmar fungía como el enlace entre la estructura criminal y los ganaderos para ejecutar esa directriz electoral.
La confesión del exjefe paramilitar
Saúl Severini compareció voluntariamente ante los magistrados de la JEP para ampliar su versión de los hechos respecto a las operaciones de las AUC en la región del Caribe colombiano. En su declaración, Severini detalló cómo Salvatore Mancuso habría ordenado que la estructura paramilitar garantizara el voto de los ganaderos afiliados a Fedegán para posicionar a Lafaurie en la dirección del gremio durante el proceso electoral de 2004.
La versión del exparamilitar introduce a Hernando Asmar como figura clave en la cadena de mando que supuestamente coordinó esta operación. Según el relato, Asmar actuaba como intermediario entre las AUC y los sectores ganaderos, facilitando la comunicación de las disposiciones de Mancuso hacia los empresarios del sector. Este tipo de operaciones reflejaba la estrategia paramilitar de ejercer control sobre decisiones en espacios de poder gremial y empresarial.
Implicaciones para el gremio ganadero
La declaración de Severini abre interrogantes sobre la autonomía de los procesos electorales en Fedegán durante ese período y cómo las estructuras criminales operaban en la sombra para influir en las decisiones del sector. Las AUC, que operaron principalmente entre 1997 y 2005, se caracterizaron por una estrategia de control territorial que se extendía más allá de lo militar, penetrando en espacios políticos, económicos y gremiales.
La Federación Colombiana de Ganaderos es una de las organizaciones empresariales más influyentes del país, con capacidad de incidir en políticas agrarias y económicas. Cualquier indicio de que sus procesos de elección directiva hayan estado condicionados por grupos armados ilegales plantea cuestionamientos sobre la legitimidad de decisiones tomadas durante esa administración y sus efectos en la formulación de políticas del sector.
Lafaurie ha ocupado la presidencia de Fedegán desde 2004 hasta la actualidad, consolidándose como una de las voces más prominentes del sector ganadero colombiano. Su gestión ha sido marcada por defensa de los intereses de los productores de carne y leche, así como por sus posiciones en debates sobre tenencia de tierra, subsidios y regulaciones ambientales.
El contexto de infiltración paramilitar en sectores económicos
Las confesiones ante la JEP han revelado progresivamente cómo las AUC no solo operaban como grupos de combate, sino como estructuras de poder que buscaban controlar economías regionales. Esto incluía influencia en sectores ganaderos, bananero, palmicultor, minero y otros con presencia territorial significativa. La estrategia permitía a los paramilitares financiarse, consolidar poder político local y proyectar influencia más allá de las armas.
Salvatore Mancuso, quien se desmovilizó en 2005 y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2008, ha sido objeto de múltiples investigaciones por crímenes de lesa humanidad, desplazamiento forzado y enriquecimiento ilícito. Su rol como comandante supremo de las AUC lo convierte en una figura central para entender cómo operaba la toma de decisiones en la organización y qué alcance tenían sus órdenes en diferentes regiones y sectores.
Las declaraciones de exintegrantes como Severini en la JEP forman parte de un mecanismo de justicia transicional que busca establecer la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. Aunque la JEP no persigue fines punitivos en el sentido tradicional, sí genera registros públicos que documentan las responsabilidades y operaciones de grupos armados ilegales.
Próximos pasos en la investigación
La confesión de Severini genera un nuevo frente de investigación sobre las conexiones entre paramilitares y élites empresariales durante el período de mayor actividad de las AUC. Las autoridades judiciales deberán determinar si existen elementos para formalizar investigaciones contra Lafaurie o si su participación se limitó a ser beneficiario de una operación que desconocía su origen criminal.
El papel de Hernando Asmar como presunto enlace también requiere esclarecimiento. Su participación en la cadena de intermediación entre la estructura paramilitar y los ganaderos podría tener implicaciones legales significativas, dependiendo de si actuó con conocimiento del origen de las instrucciones que transmitía.
La JEP continuará recibiendo testimonios de exintegrantes de grupos armados que buscan contribuir a la verdad histórica como parte de sus compromisos con el sistema de justicia transicional. Cada declaración añade capas a la comprensión de cómo operaba el control paramilitar en Colombia, más allá de la violencia directa, penetrando en estructuras que parecían ajenas al conflicto armado pero que fueron capturadas por dinámicas de poder criminal.
El caso ilustra cómo la infiltración paramilitar en sectores económicos y gremiales fue sistemática y coordinada desde los niveles más altos de las organizaciones criminales. Los ganaderos como sector económico fueron particularmente vulnerables a esta penetración, dado su poder económico, su presencia territorial en regiones dominadas por paramilitares y su capacidad de influir en políticas públicas a nivel nacional.
